BOLIVIA

BOLIVIA

El número de habitantes de Bolivia es de 10.426.160 siendo el 62% de ellos, mayor de 15 años, de origen indígena. El quechua (49,5%) y el aymara (40,6%), que están ubicados en los Andes occidentales, son los pueblos con mayor número y porcentaje de población; les siguen el chiquitano (3,6%) y moxeño (1,4%), que habitan en la Amazonía y el guaraní (2,5%) en el Chaco, convirtiéndose en un pueblo transfronterizo (también está presente este pueblo Argentina, Brasil y Paraguay). El restante 2’4% de la población originaria de Bolivia corresponde a los araona, ayoreo, bauré, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chiman, chipaya, chiriguano, ese ejja, guarasugwe, guarayo, itonama, joaquiniano, kallawaya, lecos, machineri, maropa, moré, mosete, movima, nahua (etnia), pacahuara, sirionó, tacana (etnia), tapieté, toromona, uru, yaminahua, yuqui, yuracare y weenhavek. Bolivia reconoce como pueblo a los afrobolivianos.

Varios de estos pueblos atraviesan una difícil situación debido o bien a que sus integrantes se están reduciendo peligrosamente (los araona, guarasugwe, machineri, moré, pacahuara, tapieté, yaminahua y yuqui cuentan con menos de 200 personas cada uno) o bien a que sus lenguas están a punto de desaparecer, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo desde 1994 –con un enfoque intercultural y bilingüe en la educación como respuesta a la heterogeneidad sociocultural del país- y, de forma especial, desde el acceso a la presidencia del país de un indígena aymara, Evo Morales, en 2006. En Bolivia se hablan actualmente más de una treintena de lenguas. La de los pueblos pacahuara, sirionó y yaminahua está en serio peligro de extinción dado que quien la habla es gente muy mayor (en este último caso se estima en no más de 50 los yaminahua que hablan su lengua). La lengua del pueblo leco está en peligro de muerte puesto que sólo una veintena de ellos, con una edad superior a los 70 años, la hablaban a primeros de 2010 sin que las nuevas generaciones hayan mostrado el menor interés en su conservación y recuperación.[1] Lo mismo ocurre con la de los maropa, cayubaba e itonama mientras que la lengua de los canichana se da ya por extinguida puesto que solo la hablaban cuatro miembros de este pueblo en ese mismo tiempo.

Esta situación es consecuencia de la propia historia de Bolivia, marcada por la violencia hacia los pueblos indígenas y, de forma especial, a raíz de la instauración de la dictadura de Hugo Bánzer en 1971 a través de un golpe de estado que hacía el número 187 en 146 años de vida como país independiente. A pesar de que de inmediato se inició una durísima represión contra los indígenas éstos no se arredraron y crearon la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (1976) aunque poco tiempo después quedó subsumida por las organizaciones mineras y, en consecuencia, las reivindicaciones indígenas subordinadas a las luchas obreras. La autoorganización indígena siguió adelante y en 1982 se constituye la Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) con la participación de representantes de cuatro pueblos indígenas de esa zona del país: guaraní-izoceños, chiquitanos, ayoreos y guarayos y con la finalidad de “consolidar la titulación de territorios con administración indígena, fortalecer la unidad de los pueblos indígenas, promover la educación bilingüe, revitalizar la medicina tradicional y construir la igualdad entre hombres y mujeres” entre otros objetivos reseñados en su proyecto fundacional.[2] El salto organizativo y de influencia socio-política lo dio cuando como consecuencia del reforzamiento de la política capitalista neoliberal a partir de 1985, con la privatización de empresas públicas, cierre de minas y eliminación de subsidios comenzó un proceso de desintegración de las organizaciones de izquierda y el surgimiento de movimientos sociales de nuevo cuño e independientes de los partidos políticos tradicionales.

Así, en 1990, coincidiendo con el levantamiento indígena en Ecuador, se lleva a cabo la “Marcha por el territorio y la dignidad” hacia la capital, La Paz, que inicia el camino sin retorno en el proceso de fortalecimiento de los indígenas como actores sociales y que tiene su máxima expresión cuando un año más tarde el parlamento autoriza la presencia de militares estadounidenses con el objeto de iniciar operaciones para la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Esto provoca que la importante organización de cocaleros del Chapare entre a formar parte de la CIDOB, que va perdiendo poco a poco su carácter regional (del oriente boliviano) para pasar a ser nacional, lo que le permite impulsar una serie de reformas jurídicas y políticas como el reconocimiento, por parte del Estado, de la diversidad cultural del país, la plurinacionalidad y la educación intercultural bilingüe.

Este carácter nacional se asume oficialmente en 1998, cuando se celebra la XI Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas con participación de 34 pueblos indígenas de las Tierras Bajas (formadas por siete de los nueve departamentos de Bolivia) que refundan la CIDOB como Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, manteniendo las siglas.

Es en el año 2000 cuando se produce el giro definitivo en el país andino como consecuencia de un nuevo enfrentamiento entre los indígenas y el Estado con el agua como protagonista y que era, al mismo tiempo, un exponente de cómo un acuerdo económico, el ALCA, iba a afectar a los pueblos originarios. El gobierno transfirió los derechos del agua potable y sus fuentes de una empresa estatal a una privada formada por capitales estadounidenses (75%) y nacionales (25%) lo que provocó un aumento del precio tres veces superior a lo que se venía pagando hasta ese momento. Como protesta por este hecho dos levantamientos se produjeron en abril y septiembre de ese año provocando no sólo una grave crisis a nivel gubernamental, sino que generaron “nuevos liderazgos con influencia decisiva en la vida nacional”.[3] La decisión gubernamental de privatizar el sistema de agua y el consiguiente aumento del precio del servicio generaron huelgas y cortes de carretera que obligaron a dar marcha atrás en esta pretensión. Lo mismo sucedió en septiembre, a pesar de la durísima represión. Aquí surgieron dirigentes aymaras de relieve en el país. Uno de ellos era Evo Morales, que ya se había destacado como uno de los principales referentes del movimiento de los campesinos cocaleros en el enfrentamiento con la decisión de autorizar tropas estadounidenses en la erradicación de los cultivos, logrando la suspensión de la misma.

Su notoriedad no había pasado desapercibida para EEUU. El embajador en Bolivia intentó frenar la candidatura de Morales a la presidencia del país en 2002 acusándole públicamente de pretender convertir a Bolivia en un “exportador de cocaína” y amenazó con la suspensión de la ayuda al país en caso de que ganase las elecciones. Logró justamente lo contrario puesto que si bien Morales no ganó, consiguió un crecimiento electoral tan notorio que se colocó en la antesala del triunfo que lograría, con mayoría absoluta, en 2005.

Pero antes de este hecho trascendental tuvo lugar la denominada “guerra del gas” que, a la postre, vino a allanar el camino hacia la presidencia a Evo Morales. Desde 1985 todos los gobiernos se habían caracterizado por impulsar unas políticas de “estabilización y ajuste” que hacía del país un exportador de materia prima que, en la práctica, facilitaba la apropiación de los recursos naturales por las empresas transnacionales, así como del proceso de generación y uso del excedente económico de los mismos. La situación estalló en 2003, produciéndose un gran movimiento social que fue la base del cambio posterior. La reivindicación principal giró en torno a la recuperación de los derechos de propiedad de los recursos hidrocarburíferos a favor del Estado. En ese momento, de hecho, el país estaba en manos de empresas extranjeras puesto que no sólo controlaban los hidrocarburos, sino las telecomunicaciones, la energía eléctrica, el transporte ferroviario y el aéreo. Además, eran mayoritarias en la minería, la agricultura, el comercio, la banca y la industria. El impulsor de esta venta del país fue Gonzalo Sánchez de Lozada en su primera presidencia de 1993 a 1997. Retornó a la primera magistratura del país en el año 2002 y retomó un plan de su antecesor para la construcción de un gasoducto hasta Chile (Bolivia no tiene acceso directo a mar) por el que se exportaría gas natural a Estado Unidos y México por parte del Consorcio Pacific LNG, conformado por Repsol YPF, British Gas, Pan American y la empresa compradora Sempra. En estos planes, Bolivia no tenía ni arte ni parte. Su papel se limitaba a la recepción de tributos en cantidades ridículas: el 18% de las ganancias. Como era la norma en Bolivia, las protestas populares se saldaron con decenas de muertos y centenares de heridos. Con la represión el gobierno pretendía desbloquear los nudos de comunicación, tomados fundamentalmente por indígenas reclamando el retorno de las riquezas naturales a manos del Estado. Pese a la represión, el presidente del gobierno terminó huyendo en octubre de 2003. Es en este clima en el que Morales consigue el triunfo por mayoría absoluta en 2005 con tres grandes promesas: nacionalización de los hidrocarburos, Asamblea Constituyente y el acceso de los pueblos indígenas a la tierra y al territorio teniendo en cuenta la presencia en ellos de los recursos naturales.

En poco más de un año en la presidencia, Evo Morales puso en marcha una serie de medidas que lograron mejoras claras en la mayoría de los indicadores económicos principales, sólo posibles al permitir que expirase el acuerdo con el FMI y tener las manos libres para impulsar nuevas políticas económicas y de desarrollo. Una de las primeras de esas medidas fue aumentar el control estatal sobre los hidrocarburos, lo que permitió al país tener un crecimiento -siempre hablando en términos macroeconómicos- del 4’1% en este primer año de su gobierno, un porcentaje nunca visto en Bolivia en los 20 años que el país estuvo sujeto a las directrices del FMI y del Banco Mundial.

Esta iniciativa fue acompañada de unas propuestas normativas legales como fueron el Reglamento de Monitoreo Socio-ambiental y el Procedimiento de Consulta y Participación sobre Actividades Hidrocarburíferas en Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos que tenían como fin garantizar la participación de las organizaciones indígenas y campesinas en este tipo de actividades económicas dentro de sus territorios y para asegurar que antes de cualquier inicio empresarial en esos campos se hubiese realizado la consulta previa establecida en el ordenamiento legal internacional. Se iniciaba así, de forma conjunta, el camino hacia la ampliación de derechos en la futura constitución.

También se puso en marcha una iniciativa que, a la postre, ha demostrado ser importante para otorgar estabilidad al gobierno y evitar el enfrentamiento con los indígenas de los que él mismo forma parte: neutralizar al Ejército, que siempre había sido clasista y racista, al pasar a retiro a una serie de generales, ascender a mandos intermedios como coroneles y, lo más importante, abrir las academias militares a cadetes indígenas (vetados hasta ese momento). Era una medida que trascendía el simbolismo.

Morales ponía en práctica así dos de las exigencias del movimiento indígena: por una parte, el fin de las políticas de privatización, endeudamiento y exportaciones que exigían una explotación desaforada de los recursos y, por otra, la transformación del Estado impulsando reformas legales. No obstante, los esfuerzos por transformar el país dando un mayor protagonismo a los pueblos originarios encontraron una durísima oposición.

Primero de la judicatura. El Tribunal Constitucional estableció que la obligatoriedad en la consulta a las comunidades y pueblos indígenas no debía ser entendida como solicitud de autorización para desarrollar actividades de explotación hidrocarburífera en el país dado que el Convenio 169 de la OIT “impone el deber de consultar cuál será el daño que pueden sufrir sus intereses, para que sea debida y equitativamente indemnizado” [el pueblo indígena afectado], por lo que “esa consulta no puede ser entendida como la solicitud de una autorización, sino como un acto efectivo de consultar a los pueblos indígenas y tribales asentados en los territorios objeto de la explotación sobre la cuantificación del daño a sus intereses que sufrirán como efecto de dicha extracción; y mucho menos puede ser entendida como una facultad para impedir la explotación de la riqueza del subsuelo que pertenece al Estado, pues por encima de los intereses de grupo de cualquier índole, se encuentra el supremo interés de la mayoría, expresado por las autoridades del Estado”.[4]

Segundo, de los sectores tradicionales, criollos y empresariales, radicados en las provincias orientales del país y que hicieron que el año 2008 fuese uno de los más violentos de las dos últimas décadas. El siempre omnipresente tema racial en América.

El eje sobre el que pivotó la rebelión de los oligarcas fue el tema de la extensión de las tierras. Ya habían tenido un motivo de preocupación cuando las organizaciones indígenas decidieron acompañar la política del Gobierno en materia de tierra para desmantelar el llamado paquete de contrarreforma agraria impuesto por el gobierno anterior con propuestas y movilizaciones como la que impulsó la CIDOB con el propósito de reconducir el proceso agrario del gobierno, garantizando el acceso y reconstitución de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, así como el acceso a la tierra para miles de campesinos sin ella. La oligarquía latifundista y empresarial demostró que aún contaba con fuerza al parar la ley en el Senado, pero la posterior movilización indígena, masiva, logró que esta cámara legislativa aprobase finalmente la ley. En ella se hablaba de identificar las tierras improductivas que no estuviesen cumpliendo la llamada Función Económica Social para su reversión a los indígenas, se consideraba la expropiación de tierras para la reconstitución de la territorialidad indígena y se establecía la dotación de las tierras de forma comunitaria y no individual asegurando el control social en todo el proceso de saneamiento. Además, facultaba al Presidente de la República para entregar nominaciones jurídicas a comunidades indígenas y campesinas en caso de negación de la misma por las autoridades locales.

La moderada nacionalización de los hidrocarburos no había molestado expresamente a la oligarquía (según las encuestas el 90% de la población boliviana apoyaba la nacionalización), pero sí lo hizo la aprobación de una ley de reforma agraria que si se aplicaba en su literalidad supondría redistribuir entre los campesinos unos 123.000 kilómetros cuadrados de tierras ociosas e improductivas, una extensión equivalente a dos países, Austria y Suiza juntos, por dar un dato. En los dos primeros años de gobierno de Evo Morales sólo se había entregado a los campesinos el 11% de estas tierras ociosas en manos de terratenientes. No era una lucha frontal contra el latifundio, ni mucho menos, pero sí una medida que la oligarquía consideró una amenaza vital para su status quo puesto que es donde se ubica todo su poder: la propia Conferencia Episcopal de Bolivia, nada proclive a las reivindicaciones campesinas e indígenas, había reconocido que el 90% de las tierras productivas de Bolivia estaba en manos de 50.000 personas.

A partir de entonces los intentos para derrocar al gobierno de Morales no hicieron más que tomar diferentes formas. La más novedosa fue la reivindicación “autonomista” de una serie de departamentos: Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija. Sólo en estos departamentos triunfó la propuesta de la oligarquía de autonomía regional, abrumadoramente derrotada en el resto del país, pero desde ese momento, el objetivo fue derrocar a Morales. Al menos en uno de ellos, Santa Cruz, se llegó a prohibir la exhibición de la wiphala[5] (símbolo de identificación nacional y cultural de los andes amazónicos) prescindiendo del hecho que los cinco pueblos originarios – chiquitano, guarayo, ayoreo, guaraní y yuracaré- que habitan este departamento habían manifestado de forma tajante su apoyo a las propuestas gubernamentales y de forma especial al referéndum constitucional que estaba convocado para el año siguiente.

La llamada oposición y la élite económica consideraron que las reformas puestas en marcha eran una amenaza para su forma de vida y se valieron de todos los medios posibles para impedir que se consolidasen. Era, además, una lucha racista: “si no nos unimos los cambas [blancos, habitantes mayoritarios de estos departamentos], los collas [indígenas] nos van a querer arruinar, ya que lamentablemente tenemos un presidente indígena”.[6] Se podía decir más alto, pero no más claro. La estrategia de resistencia a la cuestión de las tierras y su extensión máxima se ocultó con esta estrategia autonomista de corte abiertamente separatista y racista que incluía la realización de referéndums departamentales. El gobierno hizo repetidos llamamientos al diálogo que fueron rechazados una y otra vez por los secesionistas quienes, por el contrario, redoblaron su campaña contando con el apoyo entusiasta de los medios de comunicación privados, nacionales e internacionales. Ni qué decir tiene que todos estaban, y están, en sus manos.

La respuesta indígena fue sorprendente. Muy mayoritariamente se abstuvo de votar y hubo sitios donde se declaró la autonomía, como el pueblo de Chiquitano de Lomerío (Santa Cruz), y en ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación –para lo que las autoridades locales se apoyaron en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU- no se permitió la celebración de referéndum alguno en su territorio. Esto exacerbó aún más a la oligarquía, que incrementó su violencia de corte racista, humillando y agrediendo públicamente en el centro de la ciudad de Santa Cruz a indígenas o a personas que portaban atuendos indígenas. También se atacó a delegaciones gubernamentales, de forma especial y reiterada la del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y se llegó al secuestro de dirigentes indígenas y campesinos. De muchos de estos casos quedó constancia gráfica y documental que dejaba patente la desesperación colonial de quienes no aceptan el cambio sociopolítico del país y la nueva correlación de fuerzas.

Sin embargo, no era más que un prefacio de lo que se avecinaba y una demostración de hasta dónde los sectores oligárquicos estaban dispuestos a llegar para mantener su poder. Se ocuparon plantas de gas; incendiaron y saquearon 140 instituciones públicas y empresas del Estado, así como oficinas de organizaciones no gubernamentales que trabajaban con pueblos originarios y se destruyeron sedes de organizaciones indígenas, como la nacional de la CIDOB que se ubicaba en Santa Cruz. La respuesta no tardó en llegar y en el departamento amazónico de Pando los campesinos e indígenas iniciaron una serie de movilizaciones de rechazo a estas actitudes. Una de ellas fue atacada causando más de 20 muertos y un centenar de heridos. Es lo que se conoce como “la matanza de Pando”, que fue respondida de inmediato por los indígenas bloqueando las carreteras del departamento de Santa Cruz y cercando la capital del mismo nombre. El Defensor del Pueblo fue bastante claro en la calificación de esta matanza: “ejecución de prácticas xenofóbicas y racistas contra personas provenientes de occidente y atropellando los derechos de los pueblos indígenas”.[7]

Para nadie era un secreto el componente racista de la rebelión oligárquica, alentada y apoyada por medios de comunicación de dentro y fuera de Bolivia, y sus consecuencias. Este aspecto fue resaltado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, órgano consultivo de la ONU, preocupada por unos medios de comunicación que no sólo “se alejan de su función social de informar y orientar con veracidad e independencia a la ciudadanía”, sino que “emiten informaciones que han tenido como consecuencia directa o indirecta, o han coadyuvado a la realización, de actos de violencia racista o de ataque contra organizaciones indígenas o de defensa de los derechos humanos”.[8] El racismo subyacente de toda esta crisis era evidente también para la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): “una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales”.[9] Lo mismo pensaba el Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, quien entendía que esos ataques se producían “en el contexto de una política sistemática contra los esfuerzos del gobierno de Bolivia por garantizar los derechos indígenas”.[10] Sólo la gestión del gobierno impidió que indígenas y campesinos se tomasen la revancha por las muertes de Pando mientras, en un gesto sin precedentes, expulsó del país al embajador de EEUU por conspirar contra la democracia y promover la división de Bolivia.

La gestión gubernamental consistió en el inicio de un diálogo entre todos los prefectos (gobernadores) de los nueve departamentos del país, parlamentarios y ex parlamentarios, miembros del gobierno y del movimiento indígena que, no sin vicisitudes, terminó con una serie de modificaciones a diferentes artículos del texto constitucional que había sido aprobado por la Asamblea Constituyente. Así quedó listo el referéndum sobre la Nueva Constitución Política del Estado, votada en 2009. Por vez primera en la historia de Bolivia se aprobada una Carta Magna que responde a un reconocimiento y garantía de derechos y libertades en pie de igualdad y que establece un sistema político no importado, sino adaptado a las características plurales y complejas de composición de la propia ciudadanía articulándose, además, de forma muy cuidadosa la cuestión de las autonomías garantizando la igualdad de derechos entre las personas, comunidades y pueblos que constituyen Bolivia.

Durante los años de la presidencia de Evo Morales es notable el avance alcanzado en la cuestión de derechos de los pueblos indígenas. Y en el tema de la tierra. Se han titulado como tierras indígenas más de 31 millones de hectáreas, cifra enorme si se tiene en cuenta que en los veinte años anteriores a su llegada a la jefatura del país sólo se habían otorgado a los pueblos indígenas 9 millones de hectáreas. De esa cantidad, 11 millones de hectáreas se han titulado como propiedad colectiva, en la figura de tierras comunitarias de origen. Se comprende, entonces, que la principal organización empresarial de Bolivia hiciese campaña contra la “Constitución indigenista-socialista”.[11]

La propiedad colectiva de la tierra es una modalidad de propiedad agraria reconocida por la Constitución de 1994 y ampliada en la de 2009, donde los pueblos campesinos y comunidades indígenas desarrollan sistemas de organización económica, social y cultural comunitarios. Su estatuto legal, en virtud de ese reforzamiento que establece la Carta Magna aprobada en 2009, reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables, así como la facultad de aplicar sus normas propias, sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo con sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. La tierra comunitaria de origen puede ser titulada reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales y respetando la unidad territorial con identidad. La distribución y redistribución de tierras para el uso y aprovechamiento familiar se rige por las reglas de la comunidad, de acuerdo a sus usos y costumbres. El territorio indígena originario campesino, además, reconoce y garantiza los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares, y también respeta la sucesión hereditaria según los usos y costumbres de la comunidad.

El mismo día que se aprobó la Constitución (con un 61’96% de votos favorables), el 25 de enero de 2009, se decidió en otra consulta (en este caso el voto afirmativo fue del 80’65%) que la extensión máxima de las propiedades privadas agrarias pasase a ser de 5.000 hectáreas, superadas las cuales ya se considera la extensión de tierra como latifundio. Al mes de ello, el Estado recuperaba 36.425 hectáreas de tierra en la provincia de Santa Cruz por incumplir la Función Económica Social y darse, además, la circunstancia que se había descubierto que más de 50 familias guaraníes vivían en condición de servidumbre y trabajos forzados.[12]

Los datos son abrumadores, pero la respuesta de la oligarquía criolla –con la connivencia de sus homólogos, criollos o metropolitanos, en otras partes del mundo que controlan medios de comunicación- fue desconocer los resultados de ambas votaciones pese a que en el caso de la limitación de los latifundios no tenía carácter retroactivo y sólo se aplica a partir de la entrada en vigencia de la Constitución. Este sector, claramente racista, sólo entiende la lealtad constitucional cuando es a su favor. Había negociado con el gobierno cambios constitucionales que poco tiempo después, desconocía. Cuando se produjo al masivo voto reduciendo el número de hectáreas de las propiedades agrarias volvió a impulsar la violencia. Se puede negociar casi todo, venía a decir, menos la riqueza. Su riqueza. El hecho que la OIT acogiese con “sumo interés” todo el proceso, saludase el mismo y “tomase nota con satisfacción de la legislación aprobada” [13] tiene sin cuidado a este sector social, político y económico que cuando se convocaron estas cruciales votaciones seguía haciendo alarde de su racismo: “¿qué podemos esperar de un indio maldito?, y lo digo de corazón, porque no le tengo miedo, un cocalero, un sindicalista, ¿qué podemos esperar de un tipo que no sabe nada?”.[14]

El salto dado por los pueblos originarios en Bolivia es único en todo el continente americano. Han decidido asumir el riesgo de ser, de existir no sólo físicamente sino políticamente. Se han concienciado que para tener palabra hay que tener poder y han venido trabajando hasta lograrlo en la nueva Constitución Política del Estado[15], que establece que “se considera Nación y pueblo indígena originario campesino a toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”. En este texto legal se reconoce el derecho de los pueblos originarios a existir libremente; a su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión; a inscribir su identidad cultural junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal; a la libre determinación y territorialidad; a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado; a la titulación colectiva de tierras y territorios y a la protección de sus lugares sagrados; a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios; a que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados; a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas; a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo; a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo; al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales; al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión; a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, respetando y garantizando el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan; a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios; a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio, así como a la participación en los órganos e instituciones del Estado. Para el objetivo de este libro, obsérvese el rango constitucional que se otorga a una cuestión crucial: los pueblos indígenas disponen de los recursos renovables en sus territorios y participan en el aprovechamiento de los no renovables.

Es decir, la nueva Constitución de Bolivia comprende e incluye a las naciones y pueblos indígenas originarios no sólo como poblaciones, culturas y saberes plenamente reconocidos, sino también desde la perspectiva de los derechos. No solamente se trata de la declaración de derechos colectivos, sino que incluye un capítulo específico dedicado a los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Entre ellos está el reconocimiento de la justicia indígena: “la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía”, dice el texto constitucional.

Es un logro que traspasa las fronteras bolivianas y adquiere rango de interés internacional sobre todo por un aspecto: la plurinacionalidad. Un asunto recogido con interés en algunos países y con preocupación en otros porque en la Constitución de Bolivia no se queda en una mera declaración que define el Estado, sino que se transversaliza a lo largo de todo el texto constitucional. Es decir, la plurinacionalidad llega a todos los rincones, desde el reconocimiento efectivo de las lenguas indígenas junto al español (puesto que no sólo las reconoce, sino que las pone en paridad) a los órganos legislativos, judiciales o constitucionales (donde desaparecen los cupos y se apuesta por organizar las instituciones de forma que realmente resulten representativas de la diversidad de pueblos constituyentes del Estado). Es lo que un destacado catedrático español ha calificado como “constitucionalismo emancipatorio”.[16] Ahora sí que un país del continente americano está iniciando de forma clara su proceso de descolonización. Si bien ese camino se inició hace doscientos años al emanciparse las élites de las metrópolis europeas, el colonialismo hacia los pueblos indígenas se mantuvo y reforzó a nivel interno a través de todo tipo de normas y comportamientos supremacistas políticos, económicos y jurídicos.

Sin embargo, no todo es un camino de rosas. Las organizaciones indígenas criticaron duramente la decisión del gobierno de aprobar una ley que desvirtuaba partes del texto constitucional, sobre todo en lo referente a la participación política. Así, se consideró una “transgresión constitucional” el que el número de escaños especiales para la Asamblea Legislativa Plurinacional fuese únicamente de siete, muy lejos de los 36 que solicitaban los indígenas. No obstante, esta crisis no minó el apoyo a Morales, reelegido como presidente en diciembre de 2009 con una mayoría histórica del 64’22%, y sus propuestas de refundación del país aunque se han producido movilizaciones, alentadas por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, que han llegado a poner contra las cuerdas al gobierno.

Con altibajos, la alianza de las organizaciones indígenas con el partido que sustenta al presidente, el Movimiento Al Socialismo, se ha venido manteniendo logrando la inclusión de algunos candidatos en las listas partidarias, sobre todo tras alcanzar un compromiso con Morales para colocar en las listas a aquellos candidatos que fueran elegidos por las propias organizaciones indígenas (lo que se cumplió sólo parcialmente) dado que el partido en el gobierno priorizó a la clase media urbana en un intento de conseguir la mayoría en unas ciudades en las que asustaba un poco la idea de la “ruralización” de la política si se iba de la mano de las organizaciones indígenas. Hay que tener en cuenta que el 65% de la población vive en áreas urbanas para entender todo esto.

Y el desencuentro va a más. A mediados de 2010 las organizaciones indígenas lanzaron una nueva oleada de marchas y manifestaciones reclamando al gobierno una aplicación rápida y estricta de los parámetros recogidos en la Constitución. Es algo que no se ha entendido muy bien puesto que la CIDOB y el gobierno de Morales han mantenido no pocas coincidencias programáticas y han sido aliados frente a la estrategia golpista de la oligarquía criolla. El propio presidente llegó a identificar a la CIDOB, sin mencionarla, con la oligarquía: “como la derecha no encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de algunas ONG”.[17]

Es comprensible que el gobierno haya sentido esta convocatoria de marchas como una agresión. Pero también debería haber comprendido que una vez derrotada la estrategia desestabilizadora de la oligarquía criolla, la CIDOB volviese a plantear que existe una nueva relación que la sitúa frente a un Estado de nuevo cuño, que ha incluido nuevos derechos en el texto constitucional pero que tiene que hacer realidad lo de Estado Plurinacional. Y, más en concreto, la elaboración de una propuesta de autonomía indígena que la propia CIDOB ha presentado para su discusión con el gobierno, a quien se reconoce la facultad para gobernar pero también a las organizaciones indígenas la facultad de proponer.

Prácticamente desde que comenzó 2010 la CIDOB venía negociando con el ministro de Autonomías una ley en este sentido, con más coincidencias que desacuerdos. Éstos eran, por una parte, que los pueblos indígenas reclamaban que los acuerdos se aprobaran por usos y costumbres mientras el Estado exige que se haga en referéndum y, por otra, la demarcación de autonomías que sobrepasan los límites departamentales actuales puesto que un mismo pueblo indígena no se limita a una sola zona de un departamento.

Estas propuestas no son otra cosa que el intento de lograr su proyección como pueblo y colectividad, en el Estado boliviano, para relacionarse en condiciones de igualdad y autodeterminación -económica, política y social- con los otros espacios territoriales bolivianos, independientemente del número de su población. Esto es así porque la CIDOB, en esta ocasión, representa a los habitantes de las llamadas Tierras Bajas, es decir, el espacio boliviano que abarca el Oriente, Chaco y la Amazonía que, a su vez, representa las dos terceras partes de Bolivia y en el que hay la mayor diversidad étnico-cultural y lingüística aunque sólo cuenta porcentualmente con poco más del 8% del total de la población indígena del país. Pero son estos pueblos quienes, históricamente, más han sufrido la “tutela” de iglesias o patronos que les han tenido excluidos y sometidos negándoseles la posibilidad de ser considerados casi como personas. No hablemos, por lo tanto, de relaciones de poder o política. La implementación de las autonomías indígenas tendría que revertir esta situación y requiere establecer gobiernos propios que tomen en cuenta la complejidad de los sistemas políticos tradicionales.

Como todo lo nuevo, corre riesgos. El sueño de la autonomía indígena comenzó a materializarse el 1 de agosto de 2009 en los municipios Jesús de Machaca y Charazani (La Paz), Tarabuco y Mojocoya (Chuquisaca) y Chayanta (Potosí) y dos tierras comunitarias de origen San Antonio de Lomerío (Santa Cruz) y Rajaypama (Cochabamba). Un año después los municipios en los que los indígenas se regirán por sus propias normas, usos y costumbres son once. Es un proceso que se está materializando de forma lenta y no sin riesgos. Las autonomías indígenas “podrían derivar en espacios ‘de nadie’ (o de contrabandistas, narcotraficantes, especuladores de la tierra, pirateros, supuestos empresarios privados, agro industriales y forestales, mineros y menonitas, brasileros y bolivianos que deterioran la calidad del medio ambiente), si las instancias administrativas de éstas no cumplen con su función, principalmente de administrar justicia; incluso con respecto a individuos indígenas que valiéndose del desconocimiento de sus representados y de su situación de poder en las centrales -organizaciones políticas nuevas creadas a partir del fortalecimiento del movimiento indígena en las comunidades- o esgrimiendo poderes públicos violan leyes que favorecen a éstos amparándose en procedimientos propios”.[18] Algunas corrupciones han sido detectadas entre dirigentes de ciertas comunidades al pactar en su nombre y beneficio con empresas extractivas, aunque por el momento no en los once municipios autónomos.

Las presiones de esas compañías extractivas no han tardado en presentarse a nivel nacional tampoco. La empresa estatal  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se está convirtiendo en la portavoz del lobby empresarial petrolero al criticar las “demandas sobredimensionadas” de las comunidades indígenas porque “frenan las inversiones”.[19] Todo porque guaraníes y weenhayek de la región del Chaco de Tarija se oponen a que la brasileña Petrobras y la británica British Gas (BG) realicen operaciones petroleras en sus territorios en tanto no desarrollen proyectos productivos allí y den empleo a sus habitantes. Una reivindicación muy revolucionaria y desestabilizadora, a lo que se ve, para las transnacionales pero que ha surtido su efecto. En el momento de escribir este libro, el gobierno ha anunciado la modificación del reglamento de consulta indígena para fijar límites a la compensación que las comunidades pueden recibir por los daños que las actividades de las empresas extractivas causen en su territorio. Ya no serán las negociaciones directas entre comunidades y empresas quienes establezcan los pagos, sino que se harán por ley en un rango que oscilará entre el 0’5% y el 1’5% del monto de la inversión.[20] El gobierno había anunciado que aunque marchasen todos los indígenas del país no iba a violar ni a transgredir la Constitución. No lo ha hecho, pero con esta normativa claramente la limita.

El Estado se ha dado mucha prisa en legislar a favor de las empresas. Sería deseable, e indispensable, que el accionar del Estado en este ámbito salvaguardase los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas en su interrelación con los no indígenas y eso se tradujese en marcos institucionales de derecho y de responsabilidad administrativas. Por ejemplo, establecer por ley la consulta previa en la explotación minera, inexistente en la actualidad. Esto incluye también a las tierras comunitarias de origen puesto que el nuevo ordenamiento legal reconoce su forma de vida diferenciada de la economía campesina y de otras lógicas económicas y, por lo tanto, no es posible reducir estos territorios, ocuparlos o redistribuirlos y, hoy por hoy, siguen vigentes las certificaciones de derechos y venta ilegal de estas tierras.

El conflicto ha terminado con una tregua que no soluciona las cuestiones pendientes, sólo las aplaza. Se ha establecido un preacuerdo entre el gobierno y la CIDOB que establece que “en todas las estructuras de gobierno plurinacional se designen autoridades provenientes de los pueblos indígenas propuestos a través de la CIDOB y sus organizaciones regionales”, algo que se recoge en la Constitución. Estos representantes serán finalmente elegidos por el gobierno, pero dentro de los propuestos por la organización indígena.


Hay una nueva Bolivia aunque todavía quedan resabios muy incrustados de la vieja. Sin potenciar a las naciones y pueblos originarios, tal y como está recogido en el ordenamiento legal surgido de la Constitución de 2009, todo queda en papel mojado o en medidas simplemente cosméticas. Tiene que haber una refundación real del Estado, y ello lleva a una descolonización física y mental, ya en marcha pero aún enfrentando grandes resistencias. Tal vez el caso más llamativo, y que tiene que ver con el interés del gobierno en lograr y mantener el apoyo de la clase media de las ciudades, es el hecho que se está buscando un camino intermedio entre las reivindicaciones indígenas y el poder centralista del Estado: traspasar los poderes a los gobernadores y alcaldías, algunas de ellas en manos indígenas sí, pero en su mayoría se mantienen como espacios de poder de las élites locales. Sin una subordinación de lo plurinacional –y así lo reconocen los indígenas- a las necesidades funcionales del Estado la nueva Bolivia no funcionará; pero para que todo el engranaje siga su marcha emancipatoria hay que dejar de pensar que a los indígenas se les manipula y pasar a ampliar el ámbito de decisiones: el régimen de autonomías para los pueblos indígenas.

La historia de Bolivia deja bien patente que los pueblos originarios han hecho todo lo posible por no tolerar su marginación política y social. Lo segundo lo están logrando, mal que bien, y lo primero lo continúan peleando. Saben, además, que sus tierras son muy ricas en recursos naturales y que el Estado necesita estos recursos para mejorar la economía. Pero saben, también, que la lógica extractora y depredadora les ha llevado a la destrucción y no están dispuestos a que esta situación continúe. Y menos en la Bolivia actual.

[1] Mily Crevels, “Bolivia amazónica” en Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina”, op. cit.

[3] Mailer Mattié, Op. cit.

[4] Tribunal Constitucional. Líneas jurisprudenciales: Consulta a comunidades, pueblos indígenas y originarios/No entendida como solicitud de autorización. 21 de agosto de 2006.

[5] Palabra que tiene su origen de las palabras aymaras “Wiphay” que es una expresión de alegría y “phalax”, que es el sonido producido por el flamear de una bandera.

[6]Declaraciones de David Torrico, presidente del denominado Comité Cívico de Pando al diario La Razón el 4 de julio de 2006. Camba es una palabra de origen bantú llegada a América con la esclavitud y que pasó al español boliviano y andino a través del guaraní, lo que no debe conocer el segmento racista que la usa. Originalmente significa compañero o camarada. Quienes reivindican y usan el término no sólo en Bolivia, sino en toda América Latina, defienden un continente no indígena y unos intereses económicos socialmente desiguales. Es, en definitiva, una mentalidad y una ideología no ya supremacista, sino racista.

[13] OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Bolivia.

[14] Manifestaciones de Ruth Lozada, dirigente del denominado Comité Cívico Femenino en Santa Cruz, recogidas por la Agencia Boliviana de Información el 30 de agosto de 2008. http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?10516

[15]Congreso Nacional de la República de Bolivia. http://www.fndr.gov.bo/doc_normas/CPE.pdf

[16] Bartolomé Clavero, “Bolivia: Entre constitucionalismo colonial y constitucionalismo emancipatorio” http://alainet.org active/30311&lang=es

[18]Mercedes Nostas Ardaya y Alicia Tejada Soruco: “Bolivia, los pueblos indígenas y su relación con el nuevo Estado”, http://www.alainet.org/active/39312&lang=es