HONDURAS

El censo oficial sitúa en 8.045.990 la población, de la que 496.600 pertenecería a los pueblos indígenas chortí, lenca, miskito, nahua, pech o paya, tawahka o sumo y tolupán o xicaque. De nuevo la disparidad de cifras puesto que el número de indígenas según sus propias organizaciones es de 607.300 a quienes hay que sumar un número cercano a las 200.000 personas de los negros del Caribe y garifunas. Son, con mucho, el sector más pobre y abandonado del país. Los organismos de la ONU estiman que viven en una situación de “extrema pobreza” en unas 4.000 aldeas,[1] condición determinada a lo largo de los siglos, desde la colonización española, por la falta de acceso a la educación, salud, seguridad, acceso a la tierra y a sus recursos naturales. El territorio reclamado por los pueblos indígenas es de aproximadamente 2 millones de hectáreas, sobre una extensión nacional de 11’2 millones, y solo el 10% de ellos tiene un título de propiedad de las mismas asegurado.

Si hay un país en el continente americano donde formalmente se reconozca a los pueblos indígenas y en la práctica apenas se hayan implementado disposiciones para que salgan de su “invisibilidad” socio-política y su extrema pobreza, ese es Honduras (también habría que poner a Chile y El Salvador en este dudoso “lugar de honor”). Formalmente tienen reconocimiento legal en la Constitución, derecho para definir y mantener su propia forma de gobierno para tratar sus asuntos, potestad para usar y explotar las tierras que les pertenecen y a participar en las decisiones que les afectan, directa o indirectamente. En la práctica no ocurre nada de eso. No lo dice un radical, sino el propio Banco Mundial[2] y la situación no ha evolucionado ni un ápice desde que esa tajante afirmación se realizó en 2003. Y eso a pesar que Honduras cuenta, desde 2001, con una estrategia de “reducción de la pobreza” que hace mención a los “pueblos étnicos”.

Hubo un ligero movimiento para cambiar la situación cuando Manuel Zelaya accedió a la presidencia en el año 2006. Era un político más de la alternancia conservadora en el poder desde la independencia de España, ligado al sector de la madera, y la oligarquía no mostró la menor preocupación puesto que era uno de los suyos. Su política económica así lo manifestaba. Pero a medio mandato inició un cambio político, con cambios que tenían como objetivo favorecer a la población más postergada (la red solidaria, bono tecnológico a los pequeños agricultores, merienda escolar y transferencias directas a ciertos grupos vulnerables, entre otros) e iniciativas legislativas que favorecían, siquiera indirectamente, a los pueblos indígenas puesto que en varias de estas medidas se les mencionaba como “sectores marginalizados”. Es una calificación verídica, pero que casi se queda corta puesto que los indígenas son los más pobres de toda la población de Honduras y no tienen participación alguna en la economía. Sus ingresos principales provienen cultivo de maíz, frijol, café, la pesca y venta de artesanías.

Este dato sirve para entender por qué los indígenas recibieron con los brazos abiertos la ley forestal elaborada por el gobierno de Zelaya. Hay que tener en cuenta que los indígenas de Honduras, como en la mayor parte del continente, viven en zonas selváticas o boscosas. Esta ley, aunque no otorgaba a los indígenas los derechos que tienen recogidos en la Constitución –y que les otorga también la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la ONU en 2007, votada afirmativamente por Honduras- abría nuevas perspectivas de aumento y diversificación de ingresos a los pueblos indígenas, sobre todo con la explotación maderera. Otra iniciativa que se acercaba a los pueblos indígenas fue la elaboración de un proyecto de ley que pretendía reorientar las tierras indígenas hacia ellos mismos, aunque con muchas limitaciones.

La situación de los pueblos originarios no se debe únicamente a la desidia, desinterés y opresión a que se ven sometidos por todos los gobiernos hondureños, sino también a su propia desunión. Y a la intervención de organizaciones internacionales de todo tipo, que les están convirtiendo en meros receptores de unas cuantas ayudas con lo que palian, muy poco, su situación cotidiana pero que les impide coordinarse y reivindicar de forma conjunta al Estado sus derechos y tierras. Ellos mismos lo denuncian. Al menos los negros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), que ha venido acusando a las instituciones internacionales, públicas y privadas, de imponer a los pueblos indígenas y negros “una visión de desarrollo, vinculada a los programas de inversión e impulsando la redacción de leyes ambiguas, destinada a destruir nuestros usos y costumbres”.[3]

En Honduras, de la mano de instituciones como el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) o en Banco Mundial, se pretende impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas y negros bajo la óptica del libre mercado, con lo que se rompe la tradición comunitaria. Se incentivan los proyectos individuales dentro de las comunidades y se coloca en un segundo lugar la puesta en marcha de mecanismos de regularización de los territorios dejando en el aire todas las cuestiones relacionadas con la titulación, ampliación y saneamiento de los pueblos indígenas. Ello se hace aprovechándose del altísimo nivel de analfabetismo existente (23% reconocido de forma oficial en personas de más de 15 años, “a lo que debe sumarse el porcentaje de analfabetos en desuso, lo que hace de la situación de escolaridad un problema crítico”)[4] y de la desesperada situación de muchas de las comunidades e individuos, que no dudan en venderse al mejor postor con la finalidad de salir de su penuria cotidiana acogiéndose al apartado de “compensaciones económicas” por la venta de tierras. Esto cuando se hace por las buenas. Por las malas, sus tierras son invadidas por campesinos empobrecidos para sembrar maíz (muchas veces transgénico), frijoles o café; por empresarios madereros que aducen son tierras sin roturar (identificar como indígenas), y por traficantes de droga para sembrar sus cultivos. Es lo que le está ocurriendo al pueblo tolupán desde el año 2008.

El BID va mucho más allá. Bajo su influencia, desde 2004 y también con el el gobierno de Zelaya, se estaba elaborando un anteproyecto de Ley para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que diluía los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT hasta hacerlos desaparecer en la práctica. Los funcionarios gubernamentales encargados del “tema indígena” hablaban por activa y por pasiva de la necesidad de “regular” el Convenio 169 en lo referente a las tierras, omitiendo el concepto de territorio y evitando mencionar en la ley el marco jurídico bajo el que se titularían, si es que eso se hacía. Es una vieja tradición del BID, que elabora y promueve planes semejantes en México, Panamá o Perú con la finalidad de convertir los territorios ancestrales en propiedades individuales partiendo del concepto de que la propiedad comunal es un impedimento para el desarrollo.

Queda claro que el Estado no está libre de culpa en esta política. Como parte del Plan Puebla-Panamá, hoy denominado Proyecto Mesoamericano, Honduras ha abierto su territorio a todo tipo de planes económicos entre los que destacan los megaproyectos hidroeléctricos, las concesiones mineras a cielo abierto, la explotación de petróleo, el cultivo de palma africana para uso de los biocombustibles y proyectos turísticos que atentan contra la soberanía y supervivencia de los pueblos y comunidades indígenas. Eso por no hablar de las bases militares estadounidenses, en constante ampliación.

El tema turístico tiene una mención especial. En Honduras, desde comienzos de esta centuria, existen las Zonas Libres Turísticas que, como su nombre indica, son “libres” en referencia a que no forman parte de las tierras tradicionales indígenas, ni siquiera en calidad de “lugares sagrados”. Los indígenas vienen rechazando esta norma con insistencia y han llegado a ocupar los sitios arqueológicos, como el pueblo chortí, tanto para oponerse a esta medida como para llamar la atención sobre su histórico abandono. Este tipo de acciones las han realizado los chortí (de ascendencia maya) trece veces desde 1997 y sólo han abandonado su actitud cuando han arrancado algún compromiso al gobierno. La última acción de este tipo, llevada a cabo en la principal zona arqueológica de Honduras, Copán, duró tres días y tuvo lugar en junio de 2010.

El golpe de Estado que tuvo lugar en junio del año 2009 para desalojar de la presidencia a Zelaya no hizo sino empeorar las cosas para los pueblos indígenas dado que la mayoría de ellos tomaron partido por quien había iniciado, aún tímidamente, ciertos cambios legislativos en su beneficio. Habían apoyado propuestas concretas como la adhesión a la Alianza Bolivariana para las Américas puesto que ésta recoge un amplio apartado sobre la reducción de la pobreza y los derechos de los pueblos indígenas, la reorientación de los recursos a favor de los pueblos originarios en el marco del tema tierra/territorio y su aspiración de limitar los privilegios de los grupos tradicionalmente más favorecidos en la sociedad hondureña. Zelaya había llegado, además, a aceptar retirar del Congreso una propuesta de ley indígena que no contaba con el apoyo de la mayoría de los pueblos originarios en busca de un acuerdo con ellos a través de la Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos de Honduras, de la que sólo se mantenían alejados los garifunas, división que luego fue aprovechada por los golpistas. Comenzaba a ser el presidente del país que más receptivo se había mostrado con las reivindicaciones indígenas y negras aunque ello no era óbice para que las diferentes organizaciones de estos pueblos expresasen su rechazo rotundo a los proyectos económicos y a leyes que beneficiaban los proyectos hidrocarburíferos por considerarles un atentado contra la biodiversidad, los ecosistemas y que “sólo busca beneficiar a las empresas transnacionales y el interés geoestratégico de los Estados Unidos en la región”.[5]

El golpe de Estado sirvió para que se acelerase una coordinación entre las diferentes organizaciones indígenas y sectores sociales y populares que ya se venía produciendo desde comienzos del año 2009, constituyéndose el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras que se convirtió en uno de los baluartes del Frente Popular de la Resistencia, reclamando el retorno de Zelaya primero al país –había sido expulsado del mismo tras el golpe- y después a la presidencia. Esta coordinación sirvió también para que los pueblos indígenas viesen una clara oportunidad de reclamar sus derechos en forma colectiva, más allá de la denuncia del golpe de Estado, y el protagonismo lo llevaron los pueblos lenca, tolupán y chortí. Los pueblos indígenas, históricamente postergados, habían visto en la presidencia de Zelaya un tímido rayo de luz y tenían una profunda preocupación ante la resistencia de los poderes fácticos a que la población fuese consultada sobre cuestiones políticas y/o económicas de calado –la excusa para el golpe de Estado fue una consulta a la población, que no era vinculante, sobre la participación ciudadana en la vida política- haría muy difícil la aplicación del derecho que tienen los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, tal como está garantizado en múltiples estándares internacionales y que han sido ratificados por el Estado de Honduras. De hecho, fueron los indígenas articulados alrededor del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) –donde el pueblo lenca es mayoría- quienes con más insistencia apoyaron la consulta propuesta por Zelaya y la instalación de una Asamblea Constituyente que recogiese una nueva Carta Magna en la que estuviesen reconocidos todos y cada uno de sus derechos, en especial los colectivos.

Esta nueva situación no la habían previsto los golpistas, que se aumentase la conciencia política en general y de los pueblos indígenas en particular, aunque el incremento de la represión que se viene produciendo desde entonces contra unos y otros no provoca buenos augurios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha constatado que los pueblos indígenas y garifunas han sido los más afectados por el golpe de estado.[6] No obstante, se ha iniciado ya un camino sin retorno en Honduras para que los pueblos indígenas y negros recuperen su lugar y tengan un papel protagonista en el país.

[2] Banco Mundial, “Marco conceptual para la intervención en las comunidades indígenas y negras”, Tegucicalpa, mayo 2003.

[3] OFRANEH, “La Ley Indígena del BID y la violación de su política operativa”, 31 de marzo de 2008.

[4] Unidad Regional de Asistencia Técnica, junio de 2003.

[6] Observaciones preliminalres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.